Employment law

Comentario de la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, núm. 258/2022, de 30 de marzo

05/05/22

1. Antecedentes de hecho

 

El 30 de marzo de 2022, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo se pronunció en Sentencia núm. 285/2022, sobre la controversia suscitada ante la viabilidad de admitir como prueba para justificar el despido disciplinario de un trabajador las imágenes captadas mediante un sistema de videovigilancia instalado en el lugar de trabajo, consecuencia de haber detectado pérdidas en la actividad comercial.

El Alto Tribunal concluyó admitir las grabaciones como prueba bajo el tenor de las principales fundamentaciones que se desarrollarán en el presente artículo.

 

2. La licitud de la prueba de videovigilancia en el ámbito laboral y la protección de datos personales

 

En lo que atañe a la prueba de videovigilancia y su relación con la protección de datos personales cabe reseñar los siguientes aspectos manifestados por el Tribunal:

  • La instalación de cámaras de videovigilancia puede considerarse una medida justificada cuando se aprecia la existencia de un problema en la seguridad. Grosso modo, la medida debe ser idónea para el logro de los fines, al permitir que puedan descubrirse infracciones o conductas susceptibles de ser sancionadas y proporcional cuando la finalidad del tratamiento está supeditada al control de la relación laboral y no a un fin distinto al cumplimiento contractual.
  • El empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes laborales.
  • Cuando se traten datos personales con fines de seguridad o control laboral no es necesario el consentimiento expreso de un trabajador, puesto que la base de legitimación del tratamiento se encuentra amparada en el control del cumplimiento de una relación laboral. Ahora bien, si la finalidad del tratamiento no guarda vinculación alguna con la relación contractual existente entre el empresario y el trabajador, sí sería necesario recabar el consentimiento.
  • Cuando las cámaras de grabación se encuentran instaladas en un lugar visible y notorio por los empleados existiendo, además, los correspondientes distintivos informativos sobre videovigilancia, no es necesario especificar “la finalidad exacta asignada a ese control”.
  • Corresponde al empleador la carga de probar la veracidad de los hechos imputados en la carta de despido como justificativos del mismo, por lo que tiene derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, siempre teniendo en cuenta que la medida debe ser justificada, idónea, necesaria y proporcionada al fin perseguido.
  • El hecho de que la prueba sea admitida a efectos de acreditar la sanción disciplinaria del trabajador no impide que la empresa pudiera ser responsable de un incumplimiento de la normativa en materia de protección de datos personales. En este caso el interesado podría ejercitar la correspondiente reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos o el ejercicio de acciones judiciales, si procediera.

 

3. Conclusiones

 

En síntesis, los aspectos más notorios que pueden extraerse de la sentencia comentada serían los siguientes:

  • Para justificar los motivos alegados en la carta de despido disciplinario, se podrán adoptar las medidas de vigilancia y control que se estimen oportunas, incluyendo la videovigilancia, utilizada conforme a la normativa laboral y de protección de datos personales vigentes.
  • Para que las grabaciones sean admitidas como prueba que justifique el despido disciplinario de un trabajador debe cumplir con las exigencias de la proporcionalidad. Ahora bien, el hecho de que la prueba sea admitida judicialmente no impide que haya podido producirse un incumplimiento de la legislación de protección de datos.
  • No será necesario recabar el consentimiento de los trabajadores para el tratamiento de sus datos personales cuando la finalidad del tratamiento sea la seguridad y el control laboral.
  • Si las cámaras se encuentran en un lugar visible y dotado de la cartelería correspondiente, no ha de existir obligación de especificar la finalidad exacta asignada a ese control.