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Sentencia TJUE Modelo 720

31/01/22

Tal y como se ha podido ver en todos los medios de comunicación, recientemente se ha publicado la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, referida a las consecuencias de la no presentación o presentación fuera de plazo de la comunicación de bienes en el extranjero, modelo 720.

Dicha Sentencia establece que “La legislación nacional que obliga a los residentes fiscales en España a declarar sus bienes o derechos situados en el extranjero es contraria al Derecho de la Unión”, y que “Las restricciones a la libre circulación de capitales que impone son desproporcionadas”.

Es decir, a modo de resumen, la justicia europea, a través de esta Sentencia, entiende que las restricciones a la libre circulación de capitales que impone el modelo 720 (las sanciones) son desproporcionadas.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea afirma que las sanciones previstas para el caso de incumplimiento de la obligación de declaración son desproporcionadas y que no es lícito que la norma genere una situación de imprescriptibilidad en relación con los bienes y derechos en el extranjero solo por incumplir una obligación formal.

El Tribunal señala que, si bien la obligación de realizar tal comunicación de los bienes puede estar justificada por motivos de intercambio de información, la normativa española va más allá de lo necesario en tres aspectos:

  1. España ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al disponer que el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero tiene como consecuencia la imposición de las rentas no declaradas correspondientes al valor de esos activos como «ganancias patrimoniales no justificadas», sin posibilidad, en la práctica, de ampararse en la prescripción.
    Es más, la normativa adoptada por el legislador español, además de producir un efecto de imprescriptibilidad, permite también a la Administración Tributaria cuestionar una prescripción ya consumada en favor del contribuyente, lo que vulnera la exigencia fundamental de seguridad jurídica.
  2. España también ha incumplido las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con una multa proporcional del 150% del impuesto calculado sobre las cantidades correspondientes al valor de los bienes o derechos poseídos en el extranjero. Esta multa puede acumularse con multas de cuantía fija que se aplican a cada dato o conjunto de datos omitidos, incompletos, inexactos o falsos que deban incluirse en el modelo 720.
  3. Por último, el Tribunal declara que el legislador español incumplió asimismo las obligaciones que le incumben en virtud de la libre circulación de capitales al sancionar el incumplimiento o el cumplimiento imperfecto o extemporáneo de la obligación informativa relativa a los bienes y derechos situados en el extranjero con multas de cuantía fija cuyo importe no guarda proporción alguna con las sanciones previstas para infracciones similares en un contexto puramente nacional y cuyo importe total no está limitado.

Consecuencias de la Sentencia

  • La consecuencia principal de la Sentencia es que el régimen sancionador del modelo 720, tal y como lo conocíamos hasta ahora, ha desaparecido. Es decir, ni se podrán imponer las sanciones que estaban reguladas hasta ahora ni se producirá tampoco el efecto de la imprescriptibilidad que recogía la norma.
  • Ahora bien, la Sentencia no afecta a la obligación de presentar el Modelo 720, que sigue vigente y, por tanto, deberá cumplirse antes del plazo establecido al efecto (fecha límite del 31 de marzo).
  • El efecto sobre las situaciones pasadas o eventuales regularizaciones futuras tendrá que ser valorado caso por caso, en función de las circunstancias de cada supuesto.
  • A partir de aquí, lo esperable es que se aprueben reformas legislativas que adapten el régimen sancionador a la Sentencia del TJUE (lo deseable sería que esto ocurriera antes del 31 de marzo).

Esperamos que esta información haya sido de utilidad, y desde SAVIA, quedamos a su disposición para comentar cualquier cuestión al respecto.