Mercantil

Novedades de la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas

20/10/22

1. Introducción

 

El pasado 29 de septiembre de 2022 se publicó en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la Ley 18/2022, de 28 de septiembre, de creación y crecimiento de empresas, también conocida como la “Ley Crea y Crece”. Dicha Ley entra en vigor el 19 de octubre de 2022, y a continuación, proporcionamos el link al texto del BOE.

https://www.boe.es/eli/es/l/2022/09/28/18

El texto consta de diecisiete artículos, agrupados en seis capítulos, trece disposiciones adicionales, seis transitorias, una derogatoria y ocho finales.

A continuación, se resume sucintamente las principales novedades introducidas por la citada norma.

 

2. Novedades en materia de sociedades

 

En líneas generales, la nueva normativa busca incentivar y facilitar, en la medida de lo posible, la creación de empresas, así como, eliminar las barreras con las que se encuentran las pequeñas y medianas empresas (pymes).

El objetivo principal de esta Ley es facilitar la creación de nuevas empresas, reduciendo las trabas de origen regulatorio o financiero a las que se enfrentan en su crecimiento, con la finalidad de lograr con ello un incremento de la competencia en beneficio de los consumidores, de la productividad de nuestro tejido productivo, de la resiliencia de nuestras empresas y de la capacidad para crear empleos de calidad.

En particular, uno de los objetivos es establecer un marco jurídico adecuado que impulse la creación de empresas y fomente su crecimiento a través de la mejora regulatoria, la eliminación de obstáculos a las actividades económicas, la reducción de la morosidad comercial y el apoyo financiero al crecimiento empresarial. Ejemplo de ello ha sido el impulso del uso del sistema de tramitación telemática Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE) y el Documento Único Electrónico (DUE).

Para lograr sus fines, la Ley modifica y/o suprime numerosos artículos en materia societaria, destacando las siguientes novedades:

 

2.1 Fijación del capital mínimo para la constitución de sociedades de responsabilidad limitada en un euro

 

Esta medida tiene por objeto garantizar la consistencia de la normativa sobre sociedades de capital, que se sustenta en la lógica de que estas sociedades se constituyen con un capital social de importe estrictamente superior a cero.

Con esta medida también se busca promover la creación de empresas mediante el abaratamiento de sus costes de constitución y dar mayor libertad a los socios de suscribir el capital que más se adecue a sus necesidades.

Esta modificación, a su vez, elimina la posibilidad de la creación de sociedades en régimen de formación sucesiva. En este sentido, la posibilidad de poder constituir una sociedad limitada con un capital social inicial de un euro no es una medida novedosa, ya que las sociedades en régimen de formación sucesiva podían constituirse con una cifra de capital social por debajo del mínimo exigido legalmente, aunque en la práctica no han gozado de éxito. Sin embargo, se han introducido dos requisitos aparejados a la modificación del capital social inicial mínimo a 1 euro mientras no se llegue a la cifra de 3.000 euros:

  • Deberá destinarse a la reserva legal una cifra al menos igual al 20% del beneficio hasta que dicha reserva junto con el capital social alcance el importe de 3.000 euros.
  • En caso de liquidación, voluntaria o forzosa, si el patrimonio de la sociedad fuera insuficiente para atender el pago de las obligaciones sociales, los socios responderán solidariamente de la diferencia entre el importe de 3.000 euros y la cifra del capital suscrito.

 

 

2.2 La Ley 14/2013, de 27 de septiembre de apoyo a los emprendedores y su internacionalización

 

Se modifican los artículos 15 y 16 de la Ley 14/2013 para dotarlos de mayor precisión en los trámites que se llevan a cabo y mejorar así la utilización del sistema CIRCE.

Entre otras modificaciones, en relación con la constitución de sociedades de responsabilidad limitada sin estatutos tipo, se precisa que habrá de emplearse la escritura pública con formato estandarizado para agilizar así la tramitación, se reduce el plazo en que el Registrador deberá inscribir de forma definitiva la escritura de constitución en el Registro Mercantil y se precisa que la publicación de la inscripción de la sociedad en el Boletín Oficial del Registro Mercantil estará exenta del pago de tasas.

Además, los Notarios deberán estar disponibles en la Agencia Electrónica Notarial, pues su participación en el proceso es imprescindible para el cumplimiento de los plazos legalmente establecidos.

 

2.3 Supresión de la sociedad limitada nueva empresa

 

Se deroga el Título XII relativo a la sociedad limitada nueva empresa. Esta supuso, en el momento de su puesta en marcha en 2003, un avance significativo en el proceso de constitución de sociedades al estar asociada al entonces nuevo sistema CIRCE y el DUE.

No obstante lo anterior, con el transcurso de los años, sus ventajas en cuanto a rapidez de constitución y la existencia de ciertos requisitos normativos se han visto superados por la aplicación del DUE a la constitución de la sociedad limitada ordinaria.

La reforma de CIRCE se completará con la próxima transposición de la Directiva (UE) 2019/1151 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 en lo que respecta a la utilización de herramientas y procesos digitales en el ámbito del Derecho de sociedades. Esta Directiva exige, entre otros aspectos, que una sociedad de responsabilidad limitada pueda registrarse íntegramente en línea en unos plazos determinados.

 

2.4 En la lucha contra la morosidad

 

En primer lugar, la Ley crea un Observatorio Estatal de la Morosidad Privada, que se encargará del seguimiento de la evolución de los datos de pago y la promoción de las buenas prácticas.

Por otro lado, una de las novedades más importantes es la adopción generalizada de la factura electrónica.

Si bien, con anterioridad, la factura electrónica ya estaba implementada como requisito obligatorio para las empresas que prestaran sus servicios a las Administraciones Públicas (a raíz de la entrada en vigor de la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector Público), con esta nueva Ley, en el sector privado, todos los empresarios y profesionales deberán expedir, remitir y recibir facturas electrónicas en sus relaciones comerciales con otros empresarios y profesionales.

No obstante, la Disposición final octava de esta Ley establece la entrada en vigor de la obligación de la factura electrónica entre empresarios y profesionales, distinguiendo dos supuestos:

  • Para los empresarios y profesionales cuya facturación anual sea superior a 8.000.000 euros, la factura electrónica será obligatoria al año de aprobarse el desarrollo reglamentario.
  • Para el resto, a los dos años de aprobarse el desarrollo reglamentario.

Las empresas que no cumplan los plazos legales de pago no tendrán acceso a subvenciones públicas.

 

2.5 Modificación de la Ley 12/2012, de 26 de diciembre, de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados servicios, para la ampliación de actividades económicas exentas de licencia

 

Con esta modificación se busca eliminar los obstáculos para los operadores económicos mediante la ampliación del catálogo de actividades exentas de licencia.

Además, se pretende que la Conferencia Sectorial para la Mejora Regulatoria y el Clima de Negocios elabore una nueva ordenanza tipo para el ejercicio de actividades comerciales minoristas y prestación de servicios, así como impulse a la adopción, en coordinación con otras Conferencias Sectoriales, de ordenanzas tipo en otras actividades económicas.

 

2.6 Medidas de mejora de algunas vías de financiación para impulsar el crecimiento empresarial

 

La nueva Ley adapta la legislación española al régimen jurídico establecido a nivel comunitario, con la finalidad de que las plataformas autorizadas en España puedan prestar sus servicios libremente en todo el territorio de la Unión Europea. Se detallan a continuación las medidas recogidas en la nueva Ley:

  • Límite único de inversión individual por proyecto para inversores minoristas, que se fija como el más alto entre una cantidad de 1.000 euros o el 5% de la riqueza (sin incluir propiedades inmobiliarias y fondos de pensiones). A los inversores minoristas no se les impide invertir por encima del límite, pero de querer hacerlo, recibirán una advertencia de riesgo y tendrán que dar su consentimiento expreso al proveedor de servicios de financiación participativa.
  • Límite de inversión por proyecto de 5 millones de euros, superable hasta el límite previsto en la legislación de cada Estado miembro, a partir del cual se exige la emisión de un folleto, pero en este caso sin poder contar con pasaporte europeo sino solo dentro de ese Estado miembro.
  • El Reglamento de la Unión Europea no se aplica a determinadas plataformas, como las que solo intermedian ofertas de financiación participativa cuyo importe sea superior a 5.000.000 euros (denominadas “plataformas no armonizadas”)
  • Consideración de las participaciones en sociedades de responsabilidad limitada como valores aptos para el desarrollo de las actividades de las plataformas de financiación participativa y de las empresas de servicios de inversión previstas en el Reglamento de la Unión Europea.

Por otro lado, la norma introduce un conjunto de reformas que buscan impulsar y mejorar la inversión colectiva y el capital riesgo en España. Dichas novedades se pueden resumir de la siguiente manera:

  • Eliminación de la obligatoriedad del informe trimestral.
  • Establecimiento de medios telemáticos como forma de comunicación por defecto con partícipes y accionistas.
  • Reconocimiento expreso en la legislación española de los fondos de inversión a largo plazo europeos (figura regulada en el Reglamento (UE) 2015/760 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015.
  • Se reconoce la figura de los “fondos de deuda”.
  • Se introduce la posibilidad de que las entidades de capital riesgo puedan invertir en instrumentos de deuda y que forme parte de su coeficiente obligatorio de inversión.
  • Se amplía el objeto principal del capital riesgo para dar entrada a la inversión en entidades financieras cuya actividad se encuentre sustentada principalmente en la aplicación de tecnología a nuevos modelos de negocio, aplicaciones, procesos o productos.
  • Homogeneización de las Entidades de Capital Riesgo-Pyme con los Fondos de Capital Riesgo Europeos, de manera que se flexibiliza el requisito que exige que las empresas objeto de actividad tengan como máximo 250 empleados para elevar ese máximo a 499.
  • Se reduce el desembolso inicial de las sociedades de capital riesgo del 50% al 25% del capital comprometido.
  • Se permite la posibilidad de constituir Sociedades Gestoras de Entidades de Inversión Colectiva de tipo Cerrado bajo la forma de SL (como ya ocurre con todos los tipos de Empresas de Servicios de Inversión).
  • Para los inversores no profesionales (minoristas) en entidades de capital riesgo, se pasa de una exigencia de 100.000 euros de inversión inicial a una exigencia de 10.000 euros siempre que accedan a la inversión a través de la recomendación de una entidad autorizada para el asesoramiento y, además, que no suponga más del patrimonio financiero del cliente si este no supera los 500.000 euros.

 

3. Conclusiones

 

Del análisis del conjunto de los preceptos, podemos extraer que el legislador ha pretendido modernizar y actualizar la normativa en consonancia con el resto de Europa, fomentando así la agilización en la creación de sociedades y en los procedimientos necesarios para ello.

A resultas de ello, esta Ley modifica diversas normas existentes a fin de adaptarse a los requerimientos sociales actuales, como son la necesidad de dar una solución al fomento de la creación de empresas como motor económico en nuestro país, así como contribuir al medio ambiente, fomentando la digitalización de los procedimientos.