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Derecho al olvido en las búsquedas de Internet

15/09/22

El presente artículo tiene por objeto la elaboración de un comentario de la Sentencia 89/2022, de 29 de julio de 2022, del Tribunal Constitucional sobre el derecho al olvido en las búsquedas de Internet.

1. Antecedentes de hecho

 

El 29 de julio de 2022, el Tribunal Constitucional se pronunció en la Sentencia 89/2022 sobre la estimación del derecho al olvido, dando nuevamente vigencia a la resolución de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) de 16 de marzo de 2017 (R/00725/2017) ꟷla cual fue declarada nula por las sentencias dictadas por las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Supremo y la Audiencia Nacionalꟷ, instando a la entidad Google, L.L.C. a que adoptase las medidas necesarias para evitar que el nombre del interesado se vinculase con los resultados de búsqueda de los enlaces webs.

En el presente artículo se desarrollan, grosso modo, los aspectos más relevantes de la citada sentencia:

 

2. El derecho al olvido y la revelación pública de los difundido

 

El derecho al olvido se encuentra integrado en el derecho a la protección de datos personales. A través del mismo los usuarios pueden solicitar la eliminación de aquella información accesible mediante la búsqueda en internet y que, por su naturaleza, se considere dato personal. No obstante, el derecho al olvido no es ilimitado, debiendo ser ponderado con aquellos derechos fundamentales que pudieran prevalecer sobre el mismo.

En el asunto objeto de controversia, se plantea la prevalencia del interés preponderante del público en acceder a la información sobre el ejercicio del derecho al olvido, estableciendo el TC un juicio de ponderación del cual caben destacar los siguientes puntos:

a) La relevancia pública de lo difundido: para determinar si existe un interés público superior habría que concluir si el interesado ostenta la condición de persona pública o ha adquirido notoriedad pública a través de una actividad profesional o mediante la difusión de algún hecho de su vida privada o que suscite relevancia pública. Sin embargo, el TC determina que, para el caso que acontece, el recurrente carece de la condición de persona de notoriedad pública. Además, tampoco se está frente a información que tenga una naturaleza periodística o informativa, sino que se trata de relatos de usuarios que cuentan sus experiencias personales. Por ello, la exclusión de su derecho al olvido supondría una vulneración del derecho al honor y a la intimidad personal y familiar.

b) El factor tiempo: la antigüedad de los datos supone un elemento importante, por cuanto, a medida que la información quede obsoleta o no se corresponda con una situación actual, pierde el interés público o informativo que pudiera tener. En el supuesto objeto de análisis, al tratarse de opiniones de usuarios que no guardaban conexión con hechos actuales, carecían de notoriedad.

 

3. La responsabilidad de los motores de búsqueda

 

Por otro lado, en lo que concierne a los motores de búsqueda y, tomando como referencia la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), hay que resaltar que los gestores de los motores de búsqueda ꟷpese a no ejercer directamente un control sobre los datos personales publicados en páginas webs de tercerosꟷ deben garantizar en el marco de sus obligaciones y competencias la protección de los interesados y el respeto a su vida privada.

Es por lo que, cuando un usuario solicita la retirada de determinados enlaces, el gestor del motor de búsqueda, como responsable del tratamiento, queda sujeto a una serie de obligaciones, que se clasificarían en:

Valorar la prevalencia del interés del público al acceso de la información, analizando su naturaleza, es decir, si se trata de una difusión de ideas u opiniones, o de un contenido informativo, como puede ser, por ejemplo, una noticia.

De esta manera, si el gestor valora la prevalencia del interés público sobre el derecho al olvido, debe procurar que el derecho a la protección de datos personales quede afectado en la menor medida posible, reestructurando la disposición de los enlaces de acceso.

 

4. El alcance territorial del derecho al olvido

 

En ocasiones los motores de búsqueda pueden ser gestionados por empresas cuyo domicilio social se halle fuera de la Unión Europea (UE). Para estos casos la jurisprudencia del TJUE ha determinado que cuando el gestor de un motor de búsqueda tenga una filial o sucursal para la promoción y venta de espacios publicitarios y su actividad se dirija a los habitantes de un Estado miembro, se estaría llevando a cabo un tratamiento de datos personales dentro del marco de la UE.

Con relación a este asunto, en ocasiones pueden acontecerse situaciones excepcionales en las que los enlaces se retiren de todas las versiones dentro del espacio de la UE, pero no en otros lugares extracomunitarios. En estos casos, la sentencia apunta que, aunque el Reglamento General de Protección de Datos no exige la obligación de retirar los enlaces de las versiones no europeas, los propios Estados miembros pueden instaurar un estándar nacional de protección del derecho a la protección de datos.

5. Conclusiones

 

En resumen, los aspectos más relevantes de la sentencia comentada podrían ser:

El derecho al olvido encuentra limitaciones cuando existe un interés público superior. Para considerar la existencia de un interés público superior es necesario que el interesado revista la condición de persona pública o notoria por su actividad profesional o por la difusión de hechos de su vida privada.

Los gestores de los motores de búsqueda han de actuar diligentemente en el marco de sus responsabilidades y competencias como responsables del tratamiento.

En los supuestos excepcionales en los que no quepa la posibilidad de suprimir la información de búsquedas realizadas en Estados no miembros de la UE, los Estados miembros poseen la capacidad de implementar un espacio de protección del derecho a la protección de datos.

[1] Tribunal Constitucional. Sentencia 89/2022, de 29 de junio de 2022. Recurso de amparo 5310-2020. BOE núm. 181, 29 de julio de 2022. Disponible en: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2022-12753.