Mercantil | Propiedad intelectual

Compensación por copia privada y su exceptuación

05/10/22

Ref.: Compensación por copia privada y su exceptuación: comentario de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 8 de septiembre de 2022

La Sala Quinta del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) analizó en Sentencia emitida el 8 de septiembre de 2022 las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal Supremo (TS) consecuencia del recurso interpuesto por la Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las Tecnologías de la Información y la Comunicación, de las Telecomunicaciones y de los Contenidos Digitales (Ametic), por medio del cual solicitaba la anulación de algunas disposiciones del Real Decreto 1398/2018, que desarrolla el artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual relativo al sistema de compensación por copia privada.

En el presente artículo se analizarán algunos de los aspectos más relevantes de la citada Sentencia.

 

1. Objeto del litigio

 

El artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual contempla que aquellas entidades que fabriquen o distribuyan en el territorio español equipos que puedan emplearse para la reproducción de obras literarias, fonogramas, videogramas u otros soportes sonoros, visuales o audiovisuales para uso personal (en adelante, “operadores”), quedan sujetos al pago de una compensación por copia privada, la cual puede repercutirse a los clientes, mayoristas o minoristas y, estos a su vez, pueden repercutirlo a los consumidores finales.

No obstante, el pago de dicho importe se encuentra exceptuado para los casos en los que las personas físicas o jurídicas actúen como consumidores finales y justifiquen que el equipo o dispositivo adquirido es meramente para uso profesional, debiendo acreditar que no se pondrán a disposición de usuarios privados ni se utilizarán para realizar copias privadas.

La acreditación de tal circunstancia deberá ser certificada por la persona jurídica constituida y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, encargadas de tramitar las excepciones o los reembolsos por copia privada. La persona jurídica, dentro de sus facultades para controlar el pago de la compensación, tiene la potestad de requerir información a los operadores, inclusive la relativa a la contabilidad empresarial.

A resultas de esta situación, uno de los planteamientos objeto de la controversia es el grado de imparcialidad que pueden tener dichas personas jurídicas al estar directamente controladas por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, ya que dichas entidades representan a los titulares de derechos de propiedad intelectual, es decir, a los acreedores de la compensación por copia privada, circunstancia que puede influir en la ponderación y concesión de los certificados de exceptuación.

 

2. Cuestiones prejudiciales

 

2.1 La compatibilidad de la composición de la persona jurídica regulada en la Ley de Propiedad Intelectual con la Directiva 2001/29 y con los principios generales de la Unión Europea (UE)

 

En primer lugar, el TJUE matiza que la Directiva 2001/29 no regula de forma pormenorizada los requisitos ni el régimen de compensación por copia privada, lo que otorga a los Estados miembros un amplio margen de apreciación para determinar quién debe abonar la compensación y cuál es su forma, modalidad y cuantía.

Por otro lado, la Directiva 2014/26 con relación a lo dispuesto en la Directiva 2001/29 define las entidades de gestión colectiva como aquellas encargadas de gestionar los derechos de autor o los derechos afines a los derechos de autor, pudiendo encuadrar dentro de sus facultades la tramitación y control de la compensación por copia privada.

De tal manera que, para garantizar un justo equilibrio y evitar el riesgo de parcialidad en la toma de decisiones, la normativa nacional establece un sistema de plazos y bases de criterios objetivos necesarios para conceder los certificados de exceptuación o reembolsos, además de la posibilidad de recurrir ante un organismo independiente las decisiones de la persona jurídica por las cuales se determinen la concesión o no del certificado de exceptuación.

En consecuencia, y teniendo en cuenta lo anterior, desde la perspectiva del TJUE no existen razones de incompatibilidad entre la normativa nacional española y el Derecho de la Unión Europea.

 

2.2 La compatibilidad de la Directiva 2001/29 y los principios generales del Derecho de la UE en cuanto a que el legislador nacional faculte a las personas jurídicas para recabar información, inclusive contable, respecto de quienes solicitan el certificado de exceptuación para el pago por copia privada

 

En lo que atañe a esta cuestión, hay que tener en cuenta que la propia Directiva estipula como elemento consustancial la facultad de las personas jurídicas para recabar la información necesaria para la exceptuación de la compensación por copia privada.

Estas disposiciones contenidas en la Directiva suponen una obligación de resultado para los Estados miembros, lo que implica que las personas jurídicas encargadas de la gestión y tramitación de los certificados barajen y comprueben si los operadores cumplen los requisitos necesarios para la concesión de los certificados de exceptuación. En este sentido, una vez analizado el asunto, si se concluye que no se cumplen las condiciones exigidas, la persona jurídica deberá calcular los importes adeudados por la compensación, precisando en este caso de determinada información que incluiría la contabilidad empresarial.

Lo mismo sucede respecto de aquellos operadores que estarían obligados al pago de la compensación por copia privada. En estos casos, la persona jurídica también debería disponer de acceso a la información que sea pertinente para poder realizar un balance respecto de las adquisiciones y ventas sujetas al pago y sobre las exceptuadas.

No obstante, ello no implica que la información que pueda ser solicitada a los operadores sea ilimitada; los datos deben ser los estrictamente necesarios para comprobar si son beneficiarios de la exceptuación de pago o de un reembolso o para calcular las cantidades adeudadas, debiendo salvaguardar en todo momento la confidencialidad de la información proporcionada por los operadores.

 

3. Conclusiones

 

En definitiva, el TJUE determina que no cabe apreciar incompatibilidad entre el Derecho nacional y el Derecho de la UE por las siguientes razones:

1º. No existe parcialidad ni desigualdad entre los implicados por confiar en una persona jurídica constituida y controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, en tanto que las mismas se encuentran sujetas a unos plazos, criterios objetivos y a la posibilidad de que puedan ser recurridas sus decisiones sobre la concesión de los certificados de exceptuación o reembolso ante un organismo independiente.

2º. La propia Directiva no se opone a que la persona jurídica, controlada por las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, pueda requerir el acceso a información, incluso económica, para salvaguardar y ejercer sus competencias, siempre y cuando garanticen la confidencialidad de los datos proporcionados por los operadores.

 

[1] Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (Sala Quinta) de 8 de septiembre de 2022 (Ametic y otros, asunto C-263/21). Disponible en: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:62021CJ0263.