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Sobre el formulario de titularidad real para el depósito de cuentas anuales

19/07/22

El presente artículo tiene por objeto la elaboración de un comentario a la Resolución núm. 2301/2022 de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, de 10 de enero.

1. Antecedentes de hecho

 

Una sociedad de responsabilidad limitada procede a depositar sus cuentas anuales ante el Registro Mercantil. La calificación resulta negativa por entender este organismo que no se ha aportado el formulario relativo a la identificación del titular real de la propia sociedad.

Ante lo anterior, la sociedad interpone recurso ante la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública (“DGSJFP”) por entender que la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, que exige la incorporación del referido formulario, carece de rango legal para poder establecer dicha obligación; que el Registrador Mercantil se extralimita de sus funciones por entender que el citado formulario no forma parte de las cuentas anuales que han de estar sujetas a depósito; y, finalmente, que la publicidad de dicho formulario vulnera la normativa sobre protección de datos.

 

2. Objeto de la resolución

 

La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública dilucida en la presente Resolución lo siguiente:

  1. Si la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, carece de rango para exigir la identificación del titular real a través del formulario exigido para ello.
  2. Si la publicidad que se le otorga al referido formulario puede vulnerar la normativa sobre protección de datos.

Cabe señalar que la presente resolución es muy similar a la emitida por idéntico órgano administrativo el día 7 de diciembre de 2021.

 

3. Criterio de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública

 

¿Carece la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, de rango legal para exigir que se identifique el titular real a través del formulario incorporado a estos efectos?

En primer lugar, la DGSJFP establece que la introducción del formulario para la identificación del titular real incorporado por la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, deriva de una obligación fundamentada con una base legal previa, a través de determinadas normas con rango de ley.

A tenor de lo anterior, la propia Audiencia Nacional estableció, en Sentencia de 26 de junio de 2019, que no procede la impugnación de una Orden Ministerial que obligaba a identificar el titular real, por entenderse que estas obligaciones son previas y encuentran un fundamento legal en normas con rango de ley. En resumidas cuentas, la Orden Ministerial que se impugna no pretende introducir nuevas obligaciones en materia de identificación del titular real, sino simplemente facilitar al obligado a cumplir con la obligación impuesta por una norma con rango de ley.

A continuación, la DGSJFP elabora un listado de normas con rango de ley que contienen la referida obligación, y que respaldan el argumento de la Audiencia Nacional y, por extensión, de la DGSJFP, de que el formulario recogido en la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, solo tiene como fin facilitar al obligado la identificación del titular real y materializar lo dispuesto en una normativa previa.

Así, en primer lugar, si atendemos al Preámbulo de la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, se establece que con el formulario relativo a la titularidad real se materializa lo dispuesto por la Directiva (UE) 2015/849 del Parlamento Europeo y del Consejo de 20 de mayo de 2015, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.

En segundo lugar, el artículo 33 del Real Decreto–ley 11/2018, de 31 de agosto, de transposición de directivas en materia de protección de los compromisos por pensiones con los trabajadores, prevención del blanqueo de capitales y requisitos de entrada y residencia de nacionales de países terceros, establece que las personas jurídicas deberán presentar una manifestación de quienes sean sus titulares reales. En este sentido, coge peso el argumento de la DGSJFP de que la Orden JUS/319/2018, de 21 de marzo, se limita a materializar una obligación legal previa.

Siguiendo con la referida normativa, y, en tercer lugar, el Real Decreto 164/2019, de 22 de marzo, establece que la autorización para obtener la identificación de la titularidad real corresponde, entre otros, a los Registros Mercantiles, y especialmente al Registro Único de Titularidades Reales, en tanto no se cree el Registro Único de Titularidades Reales del Ministerio de Justicia. Ello también se dispone de manera similar en el Real Decreto 2/2021, de 12 de marzo.

La referida Orden también materializa lo que a día de hoy dispone el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, que, en su Disposición adicional tercera, establece que el Registro de Titularidades Reales será gestionado por el Ministerio de Justicia, el cual recabará los datos sobre esta materia remitidos por los Registros Mercantiles.

¿Vulnera la publicidad de la titularidad real la normativa de protección de datos personales?

Tal y como hemos expresado anteriormente, el recurrente alega que la inclusión en el depósito de cuentas anuales del formulario sobre la titularidad real de una persona jurídica determinada vulnera la normativa de protección de datos.

En relación con esto, la DGSJFP desestima el motivo de impugnación en esta materia partiendo de dos premisas fundamentales:

  1. En primer lugar, porque resulta imposible determinar si el depósito de cuentas de una sociedad, y la exigencia de acompañar el formulario de titularidad real, supone una vulneración o no.
  2. En segundo lugar, porque la inclusión del referido formulario se regula actualmente por el Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, en los términos que ya hemos comentado. En resumidas cuentas, la Disposición adicional cuarta de este texto legal estipula con exhaustividad quiénes tienen acceso a los datos relacionados con la titularidad real de las personas jurídicas que obran en el Registro Mercantil, y en los términos que efectivamente debe producirse dicho acceso.

Por tanto, la DGSJFP no aprecia en ningún caso que se produzca una vulneración en materia de datos personales, ya que todo ello deriva del cumplimiento de un deber legal.